En el marco de una audiencia preliminar desarrollada en la Oficina Judicial de Rawson, la jueza Karina Breckle resolvió conceder la suspensión de juicio a prueba en una causa con acusación por asociación ilícita y estafas.
La resolución se adoptó luego del pedido del defensor y el consentimiento fiscal y consideró la reparación parcial ofrecida a las víctimas, la complejidad de la investigación y la ausencia de violencia durante la comisión del hecho.
El fiscal general, Dr. Fernando Rivarola, consintió la aplicación del instituto de suspensión de juicio a prueba, al considerar especialmente las dificultades probatorias respecto de la figura de asociación ilícita y las condiciones personales de los y las imputadas (alta vulnerabilidad) existencia de una propuesta de resarcimiento económico parcial a favor de las víctimas. La defensa, a cargo del Dr. Miguel Moyano, ofreció como parte del acuerdo un pago de 100 mil pesos a cada damnificado, teniendo presente la condición económica de sus asistidos.
En su resolución, la jueza Breckle ponderó la razonabilidad de la reparación ofrecida, la solidez de los fundamentos esgrimidos por la Fiscalía y la conducta no violenta de los imputados. Dispuso entonces la suspensión del proceso penal por el término de tres años, imponiendo condiciones que deberán cumplirse en ese plazo: abonar la suma acordada a las víctimas, y no cometer nuevos delitos.
La medida permite evitar la realización de un juicio oral y público, ofreciendo una salida alternativa dentro del marco legal, que atiende tanto los derechos de las víctimas como los principios de oportunidad y reintegración social prevista por la ley.
Producido por el Área de Comunicación Institucional del MPF
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