El presidente vetó totalmente el proyecto de Ley N° 27.796, que declaraba la emergencia sanitaria en pediatría y residencias médicas por un año, argumentando que la norma carece de claridad, genera un impacto fiscal insostenible y compromete la estabilidad económica del país. La medida desató críticas por su impacto en la salud infantil, pero el Ejecutivo defiende su postura como un paso necesario para evitar un desequilibrio presupuestario.
El gobierno de Javier Milei ha vetado totalmente la Ley de Emergencia en Pediatría , conocida como "Ley Garrahan", aprobada por el Congreso. Esta decisión, publicada en el Boletín Oficial, se suma al veto de la Ley de Financiamiento Universitario.
La ley vetada buscaba declarar la emergencia sanitaria en el ámbito pediátrico para mejorar salarios y condiciones laborales del personal de salud, garantizando un acceso equitativo a los servicios médicos para niños y adolescentes.
El veto se fundamenta en la insostenibilidad financiera de la propuesta. Según el Ejecutivo, la ley generaría un costo superior a los 115 mil millones de pesos para la recomposición salarial, comprometiendo programas esenciales como la vacunación y los tratamientos para enfermedades graves.
Además, la exención del impuesto a las ganancias para el personal de salud afectaría directamente los ingresos de la coparticipación federal. El gobierno también argumenta que la ley presenta indeterminación normativa , lo que podría generar inequidades salariales, y que la declaración del Hospital Garrahan como centro de referencia es redundante, ya que su estatus está reconocido desde 1987.
Contexto político y fiscal del veto
La decisión de vetar la ley se enmarca en la política de equilibrio fiscal y "emisión monetaria cero" del gobierno. El Ejecutivo considera que aprobar el proyecto pondría en riesgo los avances económicos logrados.
Además, critica que el Congreso haya invadido sus competencias al intentar derogar una resolución ministerial que regula las residencias médicas. El decreto hace referencia a la próxima presentación del Presupuesto General y al Pacto de Mayo , subrayando que el Congreso debería abstenerse de tomar decisiones que comprometan el equilibrio fiscal sin una fuente de financiamiento genuino.
Implicaciones y futuro
El veto, respaldado por el artículo 83 de la Constitución Nacional , es defendido por el gobierno como un ejercicio legítimo de control y contrapeso. Aunque la decisión ha generado un fuerte debate entre la oposición y las organizaciones médicas, el Ejecutivo la justifica como una medida responsable para proteger las finanzas públicas.
El gobierno asegura que continuará fortaleciendo el sistema de salud, pero con un enfoque en la viabilidad financiera y la sustentabilidad a largo plazo, optimizando recursos y modernizando el sistema de residencias.
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